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La Corte de Apelaciones de Santiago acogió una acción de protección presentada por la I…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió una acción de protección presentada por la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile y un recurrente en contra de otro por la ocupación violenta de un templo en Pudahuel. Los recurrentes denunciaron que el recurrido, junto a unas treinta personas, ingresó por la fuerza al inmueble el 24 de octubre de 2024, exhibiendo un documento que pretendía acreditar dominio, y se apropió del lugar. La Corte consideró que esta autotutela constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías constitucionales de propiedad y seguridad jurídica (artículo 19 N°3 inciso quinto de la Constitución). En consecuencia, ordenó restituir la administración del templo a los recurrentes dentro de diez días desde que la sentencia quede firme, sin costas.

Normas citadas

  • Artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República de Chile
  • Artículo 19 N° 6 de la Constitución Política de la República de Chile
  • Artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile
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Preguntas frecuentes

¿Se puede recuperar un inmueble por la fuerza sin acudir a los tribunales si uno cree tener el dominio?

No. En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago consideró que la ocupación violenta de un templo, realizada mediante autotutela, es un acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías de propiedad y seguridad jurídica del artículo 19 N°3 inciso quinto de la Constitución.

¿Qué puede pedir por la vía de la acción de protección quien es desalojado violentamente de un inmueble?

En este caso, la Corte acogió la acción de protección y ordenó restituir la administración del templo a los recurrentes dentro de diez días desde que la sentencia quede firme, sin imponer costas.

¿Una acción de protección puede prosperar contra una persona que ocupa un inmueble exhibiendo un documento que pretende acreditar dominio?

Sí, según este fallo. La Corte estimó que la ocupación violenta, aunque se respaldara en un documento que pretendía acreditar dominio, constituye una vulneración de garantías constitucionales que puede ser corregida por esta vía.

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