El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación presentada por un…
Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2020
Resumen
El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación presentada por una empresa de seguridad contra la resolución del Servicio Médico Legal que adjudicó la licitación de servicios de vigilancia y guardias de seguridad para sus sedes en la Región Metropolitana, en la línea N°1, a otra oferente. El tribunal acogió la demanda y declaró la ilegalidad y arbitrariedad del acto adjudicatorio impugnado. Si bien en la evaluación y reevaluación hubo empate en el puntaje final entre la demandante y otra empresa, el desempate fue resuelto por la entidad licitante conforme a las bases, favoreciendo a este último oferente, lo que no fue impugnado. Por ello, el tribunal estimó que no procedían otras medidas correctivas además de la declaración de ilegalidad y arbitrariedad, y ordenó que cada parte pagara sus costas.
Normas citadas
Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública
Preguntas frecuentes
¿Puede el Tribunal de Contratación Pública anular la adjudicación de una licitación pública si hubo empate en el puntaje final entre oferentes?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública acogió la impugnación y declaró la ilegalidad y arbitrariedad de la resolución que adjudicó la licitación, porque el desempate lo resolvió la entidad licitante conforme a las bases a favor de otro oferente, decisión que no fue impugnada.
¿Qué efectos tiene declarar ilegal y arbitraria una adjudicación en una licitación de servicios de vigilancia?
En este caso, el tribunal estimó que no procedían otras medidas correctivas además de la declaración de ilegalidad y arbitrariedad del acto adjudicatorio impugnado, y ordenó que cada parte pagara sus costas.
¿Cómo se rige el proceso de impugnación de una adjudicación en una licitación pública según la Ley 19.886?
En este caso, el tribunal conoció una acción de impugnación presentada por una empresa oferente contra la adjudicación de una licitación de un organismo público, aplicando la Ley 19.886 de Compras Públicas, y acogió la demanda.
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