El Tribunal Constitucional acogió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad por inc…
Informe · Tribunal Constitucional · 2024
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra el artículo 80 del Código de Procedimiento Civil, en el marco de un juicio ejecutivo seguido ante el Juzgado de Letras de Puerto Varas y actualmente en apelación ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. El requirente sostiene que la norma, al imponer al demandado la carga de probar dentro de cinco días desde que tuvo conocimiento que no recibió las copias de la demanda, vulnera los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 19 N° 2, 3 y 26 de la Constitución Política. El tribunal decretó la suspensión inmediata del procedimiento en ambas instancias hasta que se resuelva definitivamente el requerimiento.
Normas citadas
Artículo 93 N° 6 de la Constitución Política de la República
Artículo 80 del Código de Procedimiento Civil
Artículo 1° de la Constitución Política de la República
Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República
Artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República
Artículo 19 N° 26 de la Constitución Política de la República
Artículo 7° de la Ley N° 20.886
requerimiento de inaplicabilidadinconstitucionalidadartículo 80 CPCemplazamientodebido procesoderechos fundamentalescarga probatoriaTribunal Constitucional
Preguntas frecuentes
¿Qué efecto tiene la admisión a trámite de un requerimiento de inaplicabilidad sobre un juicio ejecutivo que está en curso?
En este caso, el Tribunal Constitucional decretó la suspensión inmediata del procedimiento en ambas instancias, tanto en el juzgado como en la Corte de Apelaciones, hasta que resuelva definitivamente el requerimiento.
¿Qué derechos fundamentales invoca un requirente para impugnar una norma procesal que le impone al demandado la carga de probar la falta de notificación?
En este caso, el requirente sostiene que la norma vulnera la igualdad ante la ley, el derecho a un procedimiento y una investigación racional y justa, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley, además de la dignidad y la igualdad de derechos (artículos 1°, 19 N° 2, 3 y 26 de la Constitución). El tribunal solo acogió a trámite el requerimiento, sin pronunciarse sobre su fondo.
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