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El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo presentado contra la Municipalidad…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2017

Resumen

El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo presentado contra la Municipalidad de Castro, que había negado el acceso a antecedentes personales, como certificados y documentos, de personas contratadas a honorarios en la Oficina Municipal de Vivienda. El Consejo acogió el reclamo y ordenó entregar lo pertinente, resguardando los datos privados de los contratados, tales como fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, conforme a la Ley N° 19.628 sobre protección de datos personales. Se fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada para cumplir, bajo apercibimiento legal, y se exigió informar el cumplimiento. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Normas citadas

  • Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
  • Constitución Política de la República
  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOtros

Preguntas frecuentes

¿Se puede pedir a un municipio los antecedentes personales de funcionarios contratados a honorarios bajo la Ley de Transparencia?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la Municipalidad de Castro y ordenó entregar los antecedentes pertinentes de personas contratadas a honorarios en la Oficina Municipal de Vivienda, resguardando sus datos privados conforme a la Ley N° 19.628.

¿Qué datos personales de contratados a honorarios pueden quedar protegidos al entregar documentos públicos?

En este caso, el Consejo ordenó proteger datos como fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular de los contratados, conforme a la Ley N° 19.628 sobre protección de datos personales.

¿Qué plazo tiene un municipio para cumplir una decisión del Consejo para la Transparencia que acoge un amparo?

En este caso, el Consejo fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento legal, y exigió informar el cumplimiento. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

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