Resumen
El Gobierno presentó un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el artículo 31 de un proyecto de ley de reconstrucción nacional, que establecía la reconexión gratuita de servicios básicos en zonas de catástrofe. Se argumentó que la norma no guardaba relación directa con las ideas matrices del proyecto, vulnerando el artículo 69 de la Constitución. El tribunal, tras revisar los antecedentes del proceso legislativo, incluyendo indicaciones parlamentarias, votaciones y reservas de constitucionalidad, resolvió acoger el requerimiento, declarando inconstitucional el precepto impugnado por falta de conexión con el objeto del proyecto de ley.