Resumen
La Contraloría General de la República representó un decreto del Ministerio de Salud que modificaba otro decreto de esa misma cartera sobre las Garantías Explícitas en Salud del régimen General de Garantías en Salud, por estimar que no se ajustaba a derecho. El artículo único del instrumento examinado incorporaba un inciso al artículo 11, según el cual se considera causa imputable al beneficiario el no hacer uso del derecho a solicitar un nuevo prestador en los casos y plazos indicados. El órgano de control sostuvo que esa norma excede la potestad reglamentaria del Presidente de la República, porque atribuye al beneficiario el carácter de imputable por su sola inacción, cuando esa calificación corresponde efectuarla a la Superintendencia de Salud. Ello, conforme a la ley N° 19.966, que establece un Régimen de Garantías en Salud, y al decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que entrega a esa superintendencia la supervigilancia y control de las Instituciones de Salud Previsional y del Fondo Nacional de Salud en materia de Garantías Explícitas en Salud. Por lo expuesto, se representó el acto administrativo.