Resumen
La Contraloría General de la República no dio curso a una resolución de la Dirección de Vialidad que aprobaba antecedentes y aceptaba la propuesta para ejecutar una obra de reposición de un tramo de la ex Ruta 5 en la Región del Bío-Bío. El organismo fundó su decisión en que el proyecto no se encontraba totalmente afinado, pues no permitía definir de manera suficiente la obra a realizar, conforme al artículo 4, N° 22, del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aplicando el criterio de un dictamen anterior. En particular, no se contaba con el proyecto definitivo de un puente que, según la descripción del contrato, debía ser desarrollado y construido por el contratista adjudicatario, obligación confirmada en las respuestas a preguntas de una circular aclaratoria, pese a que el desarrollo de ese proyecto es propio de una contratación regida por el decreto N° 48, de 1994, del mismo ministerio, sobre consultoría. Además, no constaba que la Dirección de Vialidad hubiera aprobado un convenio mandato celebrado con el Gobierno Regional.