El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso primero del artículo 23 de la Ley N° 20.129, en la frase 'en conformidad con lo establecido en los dos artículos precedentes'. La sentencia declaró que dicha norma vulnera los derechos fundamentales del artículo 19 de la Constitución, específicamente los numerales 2°, 3°, 11° y 24°. La ratio decidendi se fundó en que la disposición genera una discriminación arbitraria, al permitir que solo las instituciones de educación superior no acreditadas puedan apelar ante el Consejo Nacional de Educación, mientras que aquellas que reciben una acreditación por menos años del solicitado carecen de ese recurso. Ello afecta la igualdad ante la ley, el debido proceso, la libertad de enseñanza y el derecho de propiedad, dado que los años de acreditación inciden directamente en beneficios como la gratuidad y los aranceles de referencia. El tribunal concluyó que la exclusión del recurso de apelación en esos casos resulta irracional y desproporcionada.
Tribunal ConstitucionalINACuestión de mera legalidadAfectación de los Derechos en su esenciaIgual Reparticion De Las Cargas PublicasPrincipio de servicialidadDerecho De AguasDerecho de Propiedad
Preguntas frecuentes
¿Qué derechos fundamentales se vulneran cuando una norma impide apelar una resolución de acreditación institucional?
En este caso, el Tribunal sostuvo que la norma afecta la igualdad ante la ley, el debido proceso, la libertad de enseñanza y el derecho de propiedad, al generar una discriminación arbitraria sobre instituciones que dependen de la acreditación para beneficios como la gratuidad.
¿Cuándo una distinción legal en la acreditación de instituciones de educación superior se considera discriminación arbitraria?
En este caso, el Tribunal concluyó que la exclusión del recurso de apelación resulta irracional y desproporcionada, ya que los años de acreditación inciden directamente en beneficios económicos y académicos, por lo que la distinción no tiene una justificación razonable.
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