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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra el Servicio de Salu…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra el Servicio de Salud Osorno por la negativa a entregar el detalle del total de aportes mensuales que ese servicio enteró en mutualidades por concepto de cotizaciones, desde el año 2010 hasta la fecha de la solicitud. El Consejo consideró que se trata de información pública y que no se acreditó que su entrega afectara el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado. En consecuencia, requirió al director del servicio entregar la información a la reclamante en un plazo máximo de treinta días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia, y acreditar la entrega efectiva ante el Consejo conforme al artículo 17 de dicha ley. Se encomendó notificar la decisión a las partes, y se indicó que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio de la reclamante dentro de quince días corridos.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Es pública la información sobre los aportes mensuales que un servicio de salud entera en mutualidades por cotizaciones?

En este caso, el Consejo para la Transparencia consideró que el detalle del total de aportes mensuales enterados en mutualidades por concepto de cotizaciones es información pública y acogió el amparo.

¿Puede un órgano público negarse a entregar información invocando que afecta el cumplimiento de sus funciones?

En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó la negativa del servicio porque no se acreditó que la entrega de la información afectara el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado.

¿Qué plazo tiene un servicio público para entregar la información tras un amparo acogido por el Consejo para la Transparencia?

En este caso, el Consejo requirió al director del servicio entregar la información en un plazo máximo de treinta días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia.

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