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La Corte de Apelaciones acogió un recurso de amparo presentado por una ciudadana venezo…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2023

Resumen

La Corte de Apelaciones acogió un recurso de amparo presentado por una ciudadana venezolana contra su orden de expulsión del país. La recurrente ingresó ilegalmente a Chile en 2020, pero luego desarrolló arraigo laboral como cuidadora de adulto mayor desde junio de 2022 y conformó una familia con su conviviente e hijos en el país. El tribunal estimó que la resolución de expulsión fue dictada sin respetar el debido proceso administrativo y constitucional, ya que la autoridad debió someterla a una investigación y procedimiento previo legalmente tramitado, garantizando su derecho a defensa. Además, consideró que las circunstancias especiales de arraigo laboral y familiar, junto con normas de Derecho Internacional de Derechos Humanos, constituyen fundamento suficiente para dejar sin efecto la expulsión, aun cuando el ingreso haya sido ilegal. La orden se basó solo en una afirmación de autoridad, omitiendo la debida fundamentación fáctica exigida por la Ley 19.880.

Normas citadas

  • Artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 21 de la Constitución Política de la República
  • Ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos
  • Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería
  • Decreto Ley N° 1904
  • Decreto 296 que aprueba el Reglamento de Extranjería y Migración
  • Derecho Internacional de Derechos Humanos
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Preguntas frecuentes

¿Procede dejar sin efecto la expulsión de un extranjero que ingresó ilegalmente a Chile si desarrolló arraigo laboral y familiar?

En este caso, la Corte de Apelaciones acogió el amparo y dejó sin efecto la expulsión, considerando el arraigo laboral y familiar de la recurrente, junto con normas de Derechos Humanos, aun cuando el ingreso fue ilegal.

¿Debe la autoridad migratoria tramitar un procedimiento previo con derecho a defensa antes de expulsar a un extranjero?

Según este fallo, sí: la Corte estimó que la expulsión se dictó sin respetar el debido proceso administrativo y constitucional, ya que la autoridad debió investigar y tramitar un procedimiento legal que garantizara la defensa de la afectada.

¿Es suficiente una orden de expulsión fundada solo en una afirmación de la autoridad?

No, en este caso la Corte sostuvo que la orden se basó solo en una afirmación de autoridad, omitiendo la fundamentación fáctica exigida por la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos.

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