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La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado contra el Servicio Nacional…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado contra el Servicio Nacional de Migraciones por la dilación injustificada en resolver una solicitud de nacionalización. El tribunal revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica que había rechazado la acción, considerando que la autoridad administrativa incumplió los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad de la Ley N° 19.880, al exceder el plazo del artículo 27 de dicha ley. Ello constituyó una discriminación arbitraria que vulneró la igualdad ante la ley. En consecuencia, ordenó a la recurrida emitir pronunciamiento sobre la solicitud en un plazo de sesenta días corridos. El falló contó con el voto en contra del Ministro Matus, quien estuvo por confirmar la sentencia apelada.

Normas citadas

  • Ley N° 19.880
  • Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 20 de la Constitución Política de la República
  • Auto Acordado de la Corte Suprema sobre recurso de protección
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Preguntas frecuentes

¿Puede un recurso de protección obligar a la Administración a resolver una solicitud que lleva demasiado tiempo sin respuesta?

En este caso, la Corte Suprema acogió un recurso de protección porque el Servicio Nacional de Migraciones excedió injustificadamente el plazo para resolver una solicitud de nacionalización. Ordenó a la autoridad emitir un pronunciamiento en un plazo de sesenta días corridos.

¿La demora administrativa en resolver una solicitud puede constituir una vulneración de la igualdad ante la ley?

En este caso, la Corte Suprema consideró que la dilación en resolver la solicitud, al exceder el plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880, constituyó una discriminación arbitraria que vulneró la igualdad ante la ley.

¿Qué principios de la Ley N° 19.880 se pueden invocar cuando la Administración no responde dentro de plazo?

En este caso, el tribunal sostuvo que la autoridad incumplió los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad de la Ley N° 19.880. Con ello, se revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica que había rechazado la acción.

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