Resumen
La Contraloría General de la República representó la resolución N° 19, de 2012, de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que, tras una investigación sumaria, aplicaba una sanción pecuniaria a una funcionaria por no presentar su declaración de patrimonio, obligación establecida en el artículo 60 A de la ley N° 18.575. El organismo recordó que la multa, de diez a treinta unidades tributarias mensuales según el artículo 65, debe impugnarse ante la Corte de Apelaciones competente conforme al artículo 68, como ya lo había precisado en dictámenes anteriores. Como en el caso no constaba la emisión ni la notificación del acto que fija la sanción, ni que se hubiera agotado el plazo de reclamación o el pronunciamiento judicial, la Contraloría concluyó que no se había seguido el procedimiento legal y, por ello, representó el instrumento por no ajustarse a derecho.