El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que excluye el acceso a penas sustitutivas en delitos de violencia intrafamiliar, uso de armas prohibidas, tráfico de drogas y otros. El requirente sostenía que esa exclusión vulneraba la igualdad ante la ley y el debido proceso. El Tribunal rechazó el requerimiento, razonando que el legislador puede establecer penas de presidio efectivo para ese tipo de ilícitos, dado el mayor reproche que contienen, sin que la norma resulte desproporcionada ni discriminatoria. Añadió que la determinación de la eventual pena corresponde al tribunal penal competente y no a esa Magistratura. Uno de los ministros suplentes concurrió a rechazar el requerimiento por no configurarse, en el caso concreto, las infracciones constitucionales alegadas.
Normas citadas
artículo 19, inciso primero, numeral 2
artículo 19, inciso sexto, numeral 3
artículo 1, de Ley N° 18.216
artículo 2, de Ley N° 18.216
Tribunal ConstitucionalINAPrincipio de proporcionalidad de la PenaDeterminación de la penaReinserción socialley de control de armaspenas sustitutivasIgualdad ante la Ley
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que la ley excluya las penas sustitutivas para ciertos delitos como violencia intrafamiliar o tráfico de drogas?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y sostuvo que el legislador puede establecer penas de presidio efectivo para ese tipo de ilícitos, dado su mayor reproche, sin que la exclusión resulte desproporcionada ni discriminatoria.
¿Vulnera la igualdad ante la ley la norma que impide acceder a penas sustitutivas en determinados delitos?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó que la exclusión de penas sustitutivas para ciertos delitos vulnere la igualdad ante la ley, al estimar que la norma no es desproporcionada ni discriminatoria.
¿Puede el Tribunal Constitucional determinar la pena aplicable a una persona condenada?
En este caso, el Tribunal Constitucional señaló que la determinación de la eventual pena corresponde al tribunal penal competente y no a esa Magistratura.
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