Resumen
La Contraloría General de la República ratificó sus dictámenes 56.474 de 2008, 50.441 de 2009, 25.926, 32.588 y 74.018 de 2010, y 24.444 de 2011, y concluyó que la distribución de la indemnización especial del artículo 69 de la ley N° 18.948 se ajusta a derecho. El caso se originó en el fallecimiento de un militar, cuyo beneficio debía repartirse entre su viuda y su hijo de filiación no matrimonial, sin que la norma indicara la proporción. Ante ese vacío, el organismo aplicó el criterio del dictamen N° 10.939 de 1971, que dispone el reparto en partes iguales entre los asignatarios de montepío que concurren a percibirlo, y ordenó a la Subsecretaría de Guerra dictar un nuevo acto administrativo, lo que se hizo mediante la resolución N° 20 de 2009. Se estimó que alterar esa distribución vulneraría el principio de igualdad ante la ley, y que los pronunciamientos de la Contraloría constituyen jurisprudencia administrativa obligatoria. Por ello, no procede reconsiderar el criterio.