El Consejo para la Transparencia conoció un amparo de acceso a la información interpues…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un amparo de acceso a la información interpuesto por un particular contra el Servicio Nacional de Geología y Minería, relacionado con una denuncia de inspección a una planta de procesamiento de minerales. El Consejo estimó que no existía vulneración del derecho de acceso, pues la respuesta entregada cumplía lo solicitado, y que la reserva de la identidad de los denunciantes debía mantenerse para no inhibir futuras denuncias ni afectar las fiscalizaciones de la Administración, conforme al artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Por falta de un elemento habilitante para su interposición, el amparo fue declarado inadmisible por unanimidad, contra lo cual procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de quince días corridos desde la notificación.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Se puede pedir la identidad de quienes denunciaron una planta de procesamiento de minerales ante un servicio público?
En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó que la identidad de los denunciantes debía mantenerse reservada, conforme al artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, para no inhibir futuras denuncias ni afectar las fiscalizaciones de la Administración.
¿Cuándo se considera cumplido el derecho de acceso a la información si el organismo responde la solicitud?
En este caso, el Consejo consideró que no hubo vulneración del derecho de acceso porque la respuesta entregada por el Servicio Nacional de Geología y Minería cumplía con lo solicitado.
¿Qué ocurre si un amparo de acceso a la información no cumple con los requisitos para ser interpuesto?
En este caso, el Consejo declaró inadmisible por unanimidad el amparo por falta de un elemento habilitante para su interposición. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días corridos desde la notificación.
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