Resumen
La Contraloría General de la República rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por una funcionaria en contra del sumario administrativo instruido por la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, que terminó con la medida disciplinaria de destitución. El órgano sostuvo que los hechos imputados se acreditaron con un informe de auditoría de fichas odontológicas de pacientes GES embarazadas, que dio cuenta de tratamientos no concluidos correctamente, y con la declaración de otro inculpado que reconoció haber consignado información a petición de la funcionaria sin presencia de las pacientes. La recurrente alegó un error administrativo, pero el dictamen lo desestimó. Respecto de la proporcionalidad, recordó su jurisprudencia según la cual, si la ley asigna una medida específica a la falta a la probidad, la autoridad debe aplicarla, salvo que decida fundadamente rebajarla, facultad que el alcalde no ejerció.