Resumen
La Contraloría General de la República desestimó los reclamos de ilegalidad presentados contra un sumario administrativo que concluyó con la medida disciplinaria de destitución aplicada a funcionarias municipales por faltas graves a la probidad. El órgano fiscalizador concluyó que las afectadas pudieron ejercer adecuadamente su derecho a defensa, al haber presentado descargos, recursos de reposición y los propios reclamos, lo que evidenciaba su conocimiento de las infracciones imputadas. Sobre la calificación de los hechos, reconoció que, conforme a la ley orgánica de municipalidades, el alcalde tiene amplias facultades para ponderar las circunstancias y sancionar al personal. En cuanto a la proporcionalidad, precisó que, cuando la ley asigna una medida específica a la falta de probidad, la autoridad debe aplicarla, salvo que la rebaje mediante un acto fundado, facultad que en este caso no se ejerció.