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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un ex funcion…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2014

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un ex funcionario de Carabineros de Chile, quien pedía la continuidad del pago de gastos médicos, el control de legalidad de su pensión de retiro, el cambio del motivo de su cese por una inutilidad y la revisión de su jubilación para incorporar otros estipendios. El organismo resolvió que el beneficio de gastos médicos, conforme al artículo 47 del DFL N° 2 de 1968, cesó cuando el empleado fue considerado imposibilitado para reasumir sus funciones. Constató además que el decreto de pensión y su reajuste sí cumplieron el control previo de legalidad, que el interesado ya gozaba de una pensión de invalidez de tercera clase, lo que hacía innecesario el cambio de causal, y que el plazo de diez años del artículo 132 para pedir la revisión de la jubilación se encontraba vencido, pues las peticiones posteriores a 1993 se formularon fuera de dicho término.

Normas citadas

  • ley 19880 art/53 inc/1
  • dto 625/64 Inter art/20 inc/4
  • dfl 2/68 Inter art/47
  • dfl 2/68 Inter art/132 inc/4
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Cesa el beneficio de gastos médicos de un funcionario de Carabineros cuando es considerado imposibilitado para reasumir sus funciones?

Según este dictamen de la Contraloría General de la República, el beneficio de gastos médicos previsto en el artículo 47 del DFL N° 2 de 1968 cesó cuando el empleado fue considerado imposibilitado para reasumir sus funciones.

¿Puede el ex funcionario de Carabineros que ya percibe una pensión de invalidez pedir que se cambie el motivo de su cese por inutilidad?

En este caso, la Contraloría consideró innecesario cambiar la causal de cese, porque el interesado ya gozaba de una pensión de invalidez de tercera clase.

¿Cuál es el plazo para pedir la revisión de una jubilación de Carabineros para incorporar otros estipendios?

En este caso, la Contraloría sostuvo que el plazo de diez años del artículo 132 del DFL N° 2 de 1968 estaba vencido, pues las peticiones posteriores a 1993 se presentaron fuera de ese término.

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