El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación presentada por un…
Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2022
Resumen
El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación presentada por una sociedad en contra de un ministerio, a raíz de la resolución que revocó una licitación pública de consultoría para un catastro de espacios públicos de uso cultural. La demandante sostenía que el acto administrativo era ilegal o arbitrario. El tribunal rechazó la acción al concluir que la revocación se ajustó a criterios de razonabilidad y juridicidad, conforme a la Ley N°19.886, su Reglamento y la Ley N°19.880, pues existían razones de mérito, conveniencia y oportunidad: el servicio ya había sido adjudicado en un nuevo proceso licitatorio y no había financiamiento disponible para continuar el proceso original. Además, no condenó en costas a la demandante por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.
Normas citadas
Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública
Preguntas frecuentes
¿Puede un organismo público revocar una licitación ya iniciada sin que sea ilegal o arbitrario?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública rechazó la impugnación y sostuvo que la revocación fue razonable y jurídica, pues existían razones de mérito, conveniencia y oportunidad, como que el servicio ya se había adjudicado en un nuevo proceso y no había financiamiento para continuar el original.
¿Qué debe acreditar un demandante para impugnar una revocación de licitación ante el Tribunal de Contratación Pública?
En este caso, la demandante sostenía que el acto era ilegal o arbitrario, pero el tribunal rechazó la acción al concluir que la revocación se ajustó a criterios de razonabilidad y juridicidad conforme a la Ley 19.886, su Reglamento y la Ley 19.880.
¿Se condena en costas al demandante cuando su impugnación es rechazada por el Tribunal de Contratación Pública?
En este caso, el tribunal no condenó en costas a la demandante aunque rechazó su acción, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.