Resumen
La Contraloría General de la República no tomó razón de la resolución del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, que aprobaba un contrato de suministro de servicios de digitación y verificación de entrada de datos para apoyar programas habitacionales, celebrado con la sociedad Inmobiliaria, Inversiones y Servicios Geoverde Limitada, y la representó por no ajustarse a derecho. Según el dictamen, el acto no identificaba la imputación presupuestaria del gasto, exigida por el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Contraloría, y no indicaba que los pagos del año 2012 dependían de la disponibilidad de recursos y del cumplimiento de condiciones de desembolso. Además, el contrato fijaba como inicio de los servicios el 1 de abril de 2011, fecha que no era factible porque los actos administrativos rigen desde su total tramitación, aunque se podía pactar el inicio anticipado por razones de buen servicio. Finalmente, se observó un error formal en los Vistos, donde el año 2006 debía ser 2004.