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El Tribunal de Contratación Pública rechazó la acción de impugnación presentada por una…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2024

Resumen

El Tribunal de Contratación Pública rechazó la acción de impugnación presentada por una constructora contra la resolución que adjudicó una licitación pública para la reposición de un centro de salud familiar y SAR. La oferta de la actora había sido declarada inadmisible por inconsistencias entre dos formularios relativos al cálculo del 15% del saldo pendiente de obras en ejecución, conforme a las bases de licitación. El tribunal consideró que la Comisión Evaluadora actuó dentro de sus facultades y que la decisión se ajustó a los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de trato de los oferentes, sin configurarse ilegalidad ni arbitrariedad. En consecuencia, declaró que ni la resolución que declaró inadmisible la oferta ni la que aprobó el informe de evaluación y adjudicó la licitación merecen la calificación de ilegales o arbitrarias, rechazando la acción deducida. No se condenó en costas a la parte demandante por haber tenido motivo plausible para litigar.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Puede el Tribunal de Contratación Pública declarar inadmisible una oferta por inconsistencias entre formularios de una licitación?

En este caso, el Tribunal rechazó la impugnación y sostuvo que la Comisión Evaluadora actuó dentro de sus facultades al declarar inadmisible la oferta por inconsistencias entre dos formularios, conforme a las bases de licitación.

¿Qué principios aplica el Tribunal de Contratación Pública al revisar la adjudicación de una licitación pública?

En este caso, el Tribunal consideró que la decisión se ajustó a los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de trato de los oferentes, sin configurarse ilegalidad ni arbitrariedad.

¿Se condena en costas al demandante si el Tribunal de Contratación Pública rechaza su acción de impugnación?

En este caso, el Tribunal no condenó en costas a la parte demandante por haber tenido motivo plausible para litigar, pese a rechazar la acción deducida.

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