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Se interpone ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad por in…

Informe · Tribunal Constitucional · 2024

Resumen

Se interpone ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 22 del Decreto con Fuerza de Ley N° 707, que regula las cuentas corrientes bancarias y cheques, en el marco de un procedimiento penal por giro doloso de cheque seguido ante el 14° Juzgado de Garantía de Santiago. El requirente alega que la aplicación de dicha norma vulnera la Constitución Política y tratados internacionales de derechos humanos. El Tribunal debe verificar que exista una gestión pendiente, que la norma sea decisiva en la resolución y que la impugnación esté fundada. Además, se solicita con carácter urgente la suspensión del procedimiento penal para evitar que una eventual sentencia condenatoria con pena aflictiva y suspensión de derechos políticos haga ilusoria la pretensión de inaplicabilidad.

Normas citadas

  • Artículo 93 N°6 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 93 inciso 11° de la Constitución Política de la República
  • Artículo 22 del Decreto con Fuerza de Ley N° 707
  • Artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos
  • Artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
  • Artículos 82 y 43 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
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Preguntas frecuentes

¿Procede suspender un procedimiento penal mientras el Tribunal Constitucional resuelve un requerimiento de inaplicabilidad?

En este caso, se solicitó con carácter urgente la suspensión del procedimiento penal, para evitar que una eventual sentencia condenatoria con pena aflictiva y suspensión de derechos políticos torne ilusoria la pretensión de inaplicabilidad. El resumen no informa la decisión del Tribunal sobre esa solicitud.

¿Qué debe examinar el Tribunal Constitucional al resolver un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad?

En este caso, el requirente alega que la aplicación del artículo 22 del DFL 707 vulnera la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos. El Tribunal debe verificar la existencia de gestión pendiente, la decisividad de la norma y la fundamentación de la impugnación.

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