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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Defensoría Penal Pública contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que impide sustituir penas privativas de libertad para delitos contra la vida e integridad física de funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería. El requirente argumentaba que la norma vulneraba el principio de igualdad. El Tribunal sostuvo que la disposición cuenta con racionalidad y proporcionalidad suficiente, atendidas las funciones constitucionales y legales de dichos funcionarios, por lo que la diferenciación legal está justificada y no es discriminatoria. La decisión contó con un voto disidente.

Normas citadas

  • Art. 1° de la Constitución Política de la República
  • Art. 19 N°2 de la Constitución Política de la República
  • Art. 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos
  • Art. 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos
  • Art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
  • Art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
  • Artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216
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Preguntas frecuentes

¿Es constitucional que la ley impida sustituir penas privativas de libertad a quienes cometen delitos contra funcionarios de Carabineros, PDI o Gendarmería?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y sostuvo que la norma que impide esa sustitución tiene racionalidad y proporcionalidad suficientes, atendidas las funciones de esos funcionarios. Por eso considera que la diferencia legal está justificada y no es discriminatoria.

¿Vulnera el principio de igualdad una norma que trata de forma distinta los delitos contra funcionarios de ciertas policías y de Gendarmería?

En este caso, el Tribunal concluyó que no la vulnera, porque la diferenciación se funda en las funciones constitucionales y legales que cumplen dichos funcionarios. Por lo tanto, la distinción fue considerada justificada, aunque hubo un voto disidente.

¿Procede declarar la inaplicabilidad de una norma penal que restringe la sustitución de penas por alegar discriminación?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó la solicitud de inaplicabilidad presentada por la Defensoría Penal Pública, al estimar que la norma cuenta con fundamento suficiente. La decisión tuvo un voto en contra.

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