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La Contraloría General de la República desestimó las alegaciones en contra de un munici…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República desestimó las alegaciones en contra de un municipio por haber retrotraído un proceso licitatorio y adjudicado el contrato a un proponente que obtuvo mayor puntaje. Se analizó la situación de una oferente que, por un error de la Administración, no pudo adjuntar electrónicamente una aclaración de su oferta dentro del plazo fijado en las bases, debido a que el sistema de información bloqueó la opción. El municipio permitió que la aclaración se presentara por la oficina de partes, dentro del mismo plazo. La Contraloría concluyó que no procede que un error de la Administración sea asumido por los particulares, por lo que no se advierte irregularidad en la actuación municipal, aplicando el principio de estricta sujeción a las bases y el criterio del dictamen N° 96.401, de 2014.

Normas citadas

  • ley 18575 art/9 inc/2
  • ley 19886 art/4
  • ley 19886 art/6
  • ley 19880 art/13
  • ley 19886 art/10 inc/3
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede la Administración desestimar una oferta en una licitación pública si el oferente no pudo subir su aclaración al sistema por un error del propio sistema?

En este caso, la Contraloría sostuvo que no procede que un error de la Administración sea asumido por los particulares. Por eso no advirtió irregularidad en que el municipio retrotrajera el proceso y adjudicara al oferente con mayor puntaje.

¿Qué ocurre si el sistema de información de Mercado Público bloquea la presentación de una aclaración dentro del plazo de las bases?

En este caso, el municipio permitió que la aclaración se presentara por la oficina de partes dentro del mismo plazo, y la Contraloría consideró que esa actuación no fue irregular. Se aplicó el principio de estricta sujeción a las bases.

¿Cómo se aplica el principio de estricta sujeción a las bases en una licitación pública en Chile?

La Contraloría aplicó este principio al analizar el caso municipal y, junto con el dictamen N° 96.401 de 2014, concluyó que la actuación del municipio se ajustó a derecho. El criterio se usó para evaluar la aclaración presentada fuera del sistema.

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