El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de Zapallar, que había denegado el acceso a documentos de tres expedientes de permisos de edificación y obra nueva. El Consejo consideró que dicha información tiene naturaleza pública y desestimó la afectación de derechos alegada por terceros interesados. Por el principio de divisibilidad, ordenó entregar la información previamente tarjando los datos personales y sensibles de contexto, conforme a la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Asimismo, dispuso que el órgano acredite la entrega efectiva dentro de plazo, bajo apercibimiento de sanciones pecuniarias y de suspensión en el cargo para la autoridad que persista en el incumplimiento. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Normas citadas
Ley N° 19.628
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Oficio N° 07
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Son públicos los documentos de expedientes de permisos de edificación y obra nueva de una municipalidad?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo y consideró que la información de los expedientes de permisos de edificación y obra nueva tiene naturaleza pública, desestimando la afectación de derechos alegada por terceros interesados.
¿Qué pasa con los datos personales y sensibles si debo entregar un expediente con información pública?
En este caso, el Consejo aplicó el principio de divisibilidad y ordenó entregar la información previamente tarjando los datos personales y sensibles de contexto, conforme a la Ley sobre Protección de la Vida Privada.
¿Qué ocurre si un órgano de la Administración no entrega la información ordenada por el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo dispuso que el órgano acredite la entrega efectiva dentro de plazo, bajo apercibimiento de sanciones pecuniarias y de suspensión en el cargo para la autoridad que persista en el incumplimiento. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
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