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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido en contra de la Municipalida…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2019

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido en contra de la Municipalidad de Valparaíso por la negativa a entregar antecedentes sobre los servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios. Se ordenó entregar la información sobre los gastos, en pesos y en moneda nominal, pagados por esos contratos en los años 2008, 2012 y 2013, por tratarse de información pública que el órgano no logró acreditar como inexistente. Si tras una búsqueda exhaustiva la información no existiera o no obrara en poder del órgano, deberá informarlo de forma expresa y fundada al reclamante y al Consejo. Además, se tuvo por entregada, aunque extemporáneamente, la información de gastos y toneladas destinadas a estos servicios correspondiente a 2018. Se ordenó cumplir en un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento legal.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 18.575
  • Circular N° 28
  • Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de FondoOtros; Aseo y Ornato

Preguntas frecuentes

¿Puede un municipio negarse a entregar información sobre gastos pagados por contratos de recolección de basura?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo y ordenó a la Municipalidad de Valparaíso entregar los gastos pagados por los servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos en los años indicados, porque el órgano no logró acreditar que la información fuera inexistente.

¿Qué debe hacer un órgano público si la información solicitada no existe o no está en su poder?

Según esta resolución, tras una búsqueda exhaustiva el órgano debe informarlo de forma expresa y fundada tanto al reclamante como al Consejo, en lugar de simplemente no responder.

¿Qué plazo tiene un órgano para cumplir una decisión del Consejo para la Transparencia que acoge un amparo?

En este caso, el Consejo ordenó cumplir en un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento legal.

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