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La Corte Suprema acoge el recurso de cautela de derechos constitucionales presentado po…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

La Corte Suprema acoge el recurso de cautela de derechos constitucionales presentado por una sociedad educacional contra la ocupación ilegal de un inmueble de su propiedad. El tribunal ordena el desalojo del inmueble, otorgando un plazo de seis meses para que los ocupantes lo desocupen voluntariamente, y dispone que, en caso de incumplimiento, Carabineros ejecute el desalojo en un plazo máximo de treinta días. Se establecen medidas humanitarias, como la notificación por cédula a los ocupantes y la obligación del municipio y ministerios de implementar un recinto transitorio para albergar a los desalojados. La sentencia considera vulneradas las garantías constitucionales de propiedad, igualdad, seguridad social y libertad de trabajo, y remite antecedentes al Ministerio Público.

Normas citadas

  • Código Civil (acciones específicas de desalojo)
desalojoocupación ilegalderechos constitucionalespropiedadcautela de derechosmedidas humanitariasAlto MolleIquique

Preguntas frecuentes

¿Procede un recurso de cautela de garantías contra la ocupación ilegal de un inmueble de propiedad de una sociedad educacional?

En este caso, la Corte Suprema acogió el recurso de cautela de garantías presentado por una sociedad educacional contra la ocupación ilegal de su inmueble y consideró vulnerada la garantía constitucional de propiedad.

¿Qué plazo y medidas puede ordenar la Corte Suprema para el desalojo de ocupantes ilegales de un inmueble?

La Corte ordenó el desalojo otorgando seis meses a los ocupantes para desocupar voluntariamente, y, si no lo hacen, que Carabineros lo ejecute en un máximo de treinta días. Además, dispuso notificación por cédula y que el municipio y ministerios implementen un recinto transitorio para los desalojados.

¿Qué garantías constitucionales se consideran vulneradas por la ocupación ilegal de un inmueble según la Corte Suprema?

En este caso, la Corte Suprema estimó vulneradas las garantías de propiedad, igualdad ante la ley, seguridad social y libertad de trabajo, y remitió antecedentes al Ministerio Público.

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