Resumen
La Contraloría General de la República dictaminó que las modificaciones introducidas por el artículo 2° de la Ley N° 21.690, que prohíben la discriminación de personas con discapacidad en el acceso y permanencia en la Administración del Estado, no alteran las causales de cese de funciones previstas en el Estatuto Administrativo. En particular, se mantiene vigente la posibilidad de declarar la vacancia del cargo o disponer el cese por obtención de pensión de invalidez cuando se declare la salud irrecuperable de un funcionario, conforme a los artículos 146, letras b) y c), 149, 150, letra a), y 152 de la Ley N° 18.834. Lo anterior, sin perjuicio de que el funcionario pueda reincorporarse al mismo u otro servicio si cumple los requisitos de ingreso, incluida la acreditación de salud compatible. Se complementan los dictámenes N°s. 7.017, de 2020, y E413235, de 2023.