El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, declarando que el artículo 318 del Código Penal vulnera el principio de legalidad penal (artículo 19 N° 3, inciso noveno, de la Constitución). El Tribunal razonó que dicha norma no describe expresamente una conducta punible, sino que delega la determinación de las reglas higiénicas o de salubridad a normas infralegales, lo que genera indeterminación en el tipo penal y permite una aplicación arbitraria. Se concluyó que el núcleo esencial de la conducta sancionada debe estar descrito en una norma de rango legal, y que la remisión a normas infralegales solo puede complementar aspectos accidentales. Además, se consideró que el amplio margen de discrecionalidad del Ministerio Público para determinar la pena y el procedimiento afecta la seguridad jurídica y la proporcionalidad de la reacción punitiva estatal.
Normas citadas
artículo 318, de Código Penal
artículo 398, de Código Procesal Penal
artículo 174, inciso cuarto, de Código Sanitario
artículo 318 bis, de Código Sanitario
artículo 318 ter, de Código Sanitario
artículo 390, de Código Sanitario
artículo 11, de Código Sanitario
artículo 12, de Código Sanitario
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasIgualdad ante la LeyPrincipio de proporcionalidad de la Penaley de control de armasDeterminación de la penaReinserción social
Preguntas frecuentes
¿El artículo 318 del Código Penal es constitucional frente al principio de legalidad penal?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró que el artículo 318 del Código Penal vulnera el principio de legalidad penal, porque no describe expresamente la conducta punible y delega las reglas higiénicas o de salubridad en normas infralegales, lo que genera indeterminación y permite aplicaciones arbitrarias.
¿Puede una norma penal remitir a reglamentos la descripción de la conducta sancionada?
En este caso, el Tribunal sostuvo que el núcleo esencial de la conducta sancionada debe estar descrito en una norma de rango legal, y que la remisión a normas infralegales solo puede complementar aspectos accidentales y no la conducta misma.
¿Afecta a la seguridad jurídica el amplio margen de discrecionalidad en la determinación de la pena y el procedimiento?
En este caso, el Tribunal consideró que el amplio margen de discrecionalidad del Ministerio Público para determinar la pena y el procedimiento afecta la seguridad jurídica y la proporcionalidad de la reacción punitiva estatal.
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