El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a la información presenta…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2017
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a la información presentado contra la Ilustre Municipalidad de Tocopilla, que había sido requerida por informes de cuenta pública municipal correspondientes a los años 2011 y 2001-2008. El órgano municipal sostuvo que no contaba con dichos informes completos, debido a la pérdida de archivos por un incendio y por el terremoto de 2007. El Consejo consideró que, dado que la municipalidad había sido consistente en esa afirmación y que no existían antecedentes que la controvirtieran, la inexistencia alegada era plausible. En consecuencia, rechazó el amparo, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Transparencia y el artículo 67 de la ley N° 18.965, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Normas citadas
LOC de Municipalidades
amparoDecisión de FondoOtros
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si una municipalidad dice que no tiene los informes de cuenta pública solicitados porque se perdieron?
En este caso, el Consejo para la Transparencia consideró plausible la inexistencia alegada por la municipalidad, porque ésta fue consistente en su afirmación y no existían antecedentes que la controvirtieran. Por eso rechazó el amparo de acceso a la información.
¿Puedo pedir a una municipalidad sus informes de cuenta pública antiguos por transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia conoció un amparo por informes de cuenta pública de años anteriores, pero la municipalidad sostuvo que no los poseía completos tras un incendio y el terremoto de 2007. El Consejo rechazó el amparo, fundándose en la Ley de Transparencia y en el artículo 67 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
¿Qué ocurre con la cuenta pública municipal si los archivos se destruyeron por un terremoto o incendio?
En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó que la pérdida de archivos municipales por un incendio y el terremoto de 2007 hacía plausible que la municipalidad no contara con los informes de cuenta pública requeridos. La decisión se basó en la Ley de Transparencia y en el artículo 67 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
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