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La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de información…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de información formulada por parlamentarios al amparo de la ley N° 18.918, en relación con un procedimiento disciplinario por su eventual incumplimiento. El dictamen precisó que, tratándose de ministerios, dichas peticiones deben dirigirse al subsecretario respectivo, por ser el jefe superior del servicio, y no a otras autoridades como ministros o jefes de división. En el caso analizado, los oficios fueron enviados al jefe de la División de Educación del Ministerio de Educación, quien no tiene esa calidad, por lo que no procedía instruir sanción en su contra. No obstante, se ordenó a la Subsecretaría de Educación investigar cómo se tramitó la petición y dar cuenta de ello en un plazo de 30 días, ratificándose el oficio N° 35.238, de 2015.

Normas citadas

  • ley 18918 art/9 inc/1
  • ley 18918 art/10
  • ley 18575 art/1
  • ley 18575 art/22
  • ley 18575 art/24
  • dl 1028/75 art/1
  • ley 18918 art/9
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿A quién deben dirigirse los parlamentarios sus solicitudes de información a un ministerio según la ley 18.918?

Según este dictamen de la Contraloría, tratándose de ministerios las peticiones de información deben dirigirse al subsecretario respectivo, por ser el jefe superior del servicio, y no a ministros ni a jefes de división.

¿Puede sancionarse disciplinariamente a un jefe de división por no responder un oficio de parlamentarios?

En este caso, la Contraloría concluyó que no procedía instruir sanción contra el jefe de la División de Educación del Ministerio de Educación, porque los oficios se le enviaron a él y no tiene la calidad de jefe superior del servicio.

¿Qué debe hacer la Subsecretaría si una petición de información parlamentaria fue mal tramitada?

En este caso, la Contraloría ordenó a la Subsecretaría de Educación investigar cómo se tramitó la petición y dar cuenta de ello en un plazo de 30 días, ratificando el oficio N° 35.238, de 2015.

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