La Corte Suprema rechazó la reclamación presentada por un ciudadano haitiano en contra…
Sentencia · Corte Suprema · 2025
Resumen
La Corte Suprema rechazó la reclamación presentada por un ciudadano haitiano en contra de la Resolución Exenta N° 33.234 del Servicio Nacional de Migraciones, que ordenó su expulsión del país. El recurrente impugnó la medida argumentando falta de fundamentación y ausencia de antecedentes delictuales. El máximo tribunal confirmó que el ingreso por paso no habilitado constituye una causal grave de expulsión conforme a la Ley N° 21.325, y que la autoridad migratoria actuó dentro de sus atribuciones legales. Se determinó que el afectado no acreditó circunstancias que constituyeran impedimento para la expulsión, por lo que la decisión se ajusta a derecho. En consecuencia, se revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción y se mantuvo la medida de expulsión administrativa.
Normas citadas
Ley N° 21.325, artículo 126
Ley N° 21.325, artículo 127 N°1
Ley N° 21.325, artículo 32 N°3
Ley N° 21.325, artículo 141
Ley N° 21.325, artículo 129
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Preguntas frecuentes
¿Es el ingreso al país por un paso no habilitado causal de expulsión según la Ley de Migración chilena?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que el ingreso por paso no habilitado constituye una causal grave de expulsión conforme a la Ley N° 21.325, por lo que la medida de expulsión administrativa fue confirmada.
¿Puede el Servicio Nacional de Migraciones expulsar a un extranjero sin antecedentes penales si la expulsión está fundada en un ingreso irregular?
En este caso, el tribunal determinó que la ausencia de antecedentes delictuales no era suficiente para impedir la medida, pues la autoridad migratoria actuó dentro de sus atribuciones legales y el afectado no acreditó impedimentos para la expulsión.
¿Qué debe acreditar un extranjero para impugnar una resolución de expulsión por falta de fundamentación?
En este caso, la Corte Suprema rechazó la reclamación porque el recurrente no acreditó circunstancias que constituyeran impedimento para la expulsión, y consideró que la decisión administrativa se ajustaba a derecho.
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