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La Corte Suprema acogió un recurso de reclamación y confirmó la sentencia que dejó sin…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

La Corte Suprema acogió un recurso de reclamación y confirmó la sentencia que dejó sin efecto una orden de expulsión dictada contra una ciudadana haitiana. El tribunal consideró que la autoridad administrativa no ponderó adecuadamente el arraigo familiar de la recurrente, quien tiene un hijo nacido en Chile y contrajo matrimonio en el país. Estas circunstancias sobrevinientes, aunque anteriores al acto impugnado, no fueron evaluadas, lo que vicia el acto por ilegalidad sobreviniente y falta de fundamentación suficiente. Se ordenó dictar un nuevo acto administrativo que realice una ponderación actualizada del arraigo familiar, conforme al artículo 129 N°5 de la Ley N°21.325.

Normas citadas

  • Artículo 129 Ley N°21.325
  • Artículo 129 N°5 Ley N°21.325
  • Artículo 141 Ley N°21.325
  • Artículo 129 Ley N°21.235
  • Ley N°19.880
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Preguntas frecuentes

¿Procede dejar sin efecto una orden de expulsión si la autoridad no ponderó el arraigo familiar del extranjero?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que sí. La autoridad no evaluó el arraigo familiar de la recurrente, que tiene un hijo nacido en Chile y contrajo matrimonio en el país, lo que vició el acto por ilegalidad sobreviniente y falta de fundamentación suficiente.

¿Qué efecto tiene que una orden de expulsión carezca de fundamentación suficiente al no considerar circunstancias familiares?

En este caso, la Corte Suprema acogió el recurso de reclamación y confirmó que la orden quedara sin efecto por falta de fundamentación. Ordenó dictar un nuevo acto administrativo que realice una ponderación actualizada del arraigo familiar, conforme al artículo 129 N°5 de la Ley N°21.325.

¿Las circunstancias familiares sobrevinientes deben ser consideradas por la autoridad migratoria al evaluar una expulsión?

En este caso, la Corte Suprema estimó que sí, aunque las circunstancias fueran anteriores al acto impugnado. El tribunal concluyó que el arraigo familiar debía evaluarse de manera actualizada, por lo que ordenó una nueva ponderación administrativa.

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