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La Dirección del Trabajo, mediante un dictamen, resolvió que carece de competencia para…

Dictamen · Dirección del Trabajo · 2004

Resumen

La Dirección del Trabajo, mediante un dictamen, resolvió que carece de competencia para interpretar y fiscalizar la normativa laboral aplicable a los trabajadores que prestan servicios en las Corporaciones de Asistencia Judicial. Lo anterior, fundado en la jurisprudencia reiterada de la Contraloría General de la República, que ha establecido que dichos dependientes, si bien se rigen por las normas del sector privado, tienen la calidad de funcionarios públicos por desempeñarse en un servicio público descentralizado. En consecuencia, corresponde a la Contraloría General de la República la interpretación y fiscalización de la normativa que les aplica, debiendo la Dirección del Trabajo abstenerse de intervenir en esas materias.

Normas citadas

  • Código del Trabajo
  • Artículo 206 del Código del Trabajo

Preguntas frecuentes

¿La Dirección del Trabajo puede fiscalizar las relaciones laborales de los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial?

En este dictamen, la Dirección del Trabajo resolvió que carece de competencia para interpretar y fiscalizar la normativa laboral de estos trabajadores. Fundó su decisión en la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, que los considera funcionarios públicos por desempeñarse en un servicio público descentralizado.

¿Qué organismo interpreta y fiscaliza la normativa laboral aplicable a los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial?

Según este dictamen, corresponde a la Contraloría General de la República interpretar y fiscalizar la normativa que se aplica a estos trabajadores. La Dirección del Trabajo debe abstenerse de intervenir en esas materias, aunque ellos se rigen por las normas del sector privado.

¿Los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial son funcionarios públicos?

En este caso, la Dirección del Trabajo siguió la jurisprudencia reiterada de la Contraloría General de la República, que reconoce a estos dependientes la calidad de funcionarios públicos. Esto, aunque se rijan por las normas del sector privado al desempeñarse en un servicio público descentralizado.

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