Resumen
La Contraloría General de la República atendió denuncias presentadas contra un ex Defensor Regional y funcionarios de la Defensoría Penal Pública, relacionadas con presuntas represalias, manipulación de reclamos y sanciones aplicadas a una sociedad de abogados. Respecto de las evaluaciones de los procesos concursales, el organismo concluyó que las comisiones evaluadoras son las competentes para ponderar las circunstancias del requirente, por lo que no le corresponde pronunciarse sobre ese aspecto, y que las solicitudes de reconsideración no aportaron antecedentes nuevos. Sobre un informe policial incorporado a una investigación penal en curso, sostuvo que sus conclusiones deben ser ponderadas por las instancias investigativas y judiciales. Asimismo, indicó que las presentaciones sin respuesta alegadas fueron atendidas mediante oficios de 2019. Finalmente, rechazó la suspensión preventiva de funcionarios y no ordenó sumario administrativo, por no existir proceso disciplinario en curso en ese organismo ni advertirse circunstancias irregulares que lo justifiquen.