El Consejo para la Transparencia conoció un amparo presentado por un particular en cont…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un amparo presentado por un particular en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Valparaíso, por la negativa a entregar copia de una resolución judicial indicada en una resolución exenta del propio servicio. El órgano reclamado no logró acreditar de manera suficiente y fehaciente que la información no existiera, por lo que el Consejo acogió el amparo y ordenó su entrega en un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia. Si la información no obra en poder del órgano, deberá comunicarlo al reclamante y al Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. El órgano deberá además acreditar la entrega efectiva de la información. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva en 15 días corridos.
Normas citadas
Constitución Política de la República
amparoDecisión de FondoGestión y administración territorial (Urbanismo)
Preguntas frecuentes
¿Qué debe hacer un órgano de la administración del Estado si no logra acreditar que la información solicitada no existe?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo porque el servicio reclamado no acreditó de forma suficiente y fehaciente que la información no existiera, y ordenó su entrega en cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada.
¿Qué ocurre si la información pedida no obra en poder del órgano requerido?
Según esta resolución del Consejo para la Transparencia, el órgano debe comunicarlo al reclamante y al Consejo, explicando detalladamente las razones que lo justifiquen, y además acreditar la entrega efectiva de la información cuando corresponda.
¿Contra una decisión del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información, procede algún recurso?
En este caso, la resolución indica que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 15 días corridos.
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