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La Corte Suprema rechazó el recurso de protección interpuesto por una funcionaria munic…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema rechazó el recurso de protección interpuesto por una funcionaria municipal contra su destitución, al considerar que el uso indebido de una licencia médica para viajar al extranjero constituyó una grave afectación al principio de probidad administrativa. El máximo tribunal revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que había acogido el recurso, validando la decisión de la autoridad municipal de aplicar la medida disciplinaria. La Corte señaló que el procedimiento administrativo se tramitó conforme a la ley y que el control judicial por esta vía no permite revisar aspectos de mérito o proporcionalidad de la sanción, sino solo la legalidad y razonabilidad de la actuación administrativa.

Normas citadas

  • Artículo 8° de la Constitución Política de la República
  • Artículo 20 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 123 del Estatuto Administrativo para funcionarios municipales
  • Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia
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Preguntas frecuentes

¿Constituye falta a la probidad administrativa el uso indebido de una licencia médica para viajar al extranjero en un funcionario municipal?

En este caso, la Corte Suprema consideró que el uso indebido de una licencia médica para viajar al extranjero constituyó una grave afectación al principio de probidad administrativa, validando la destitución del funcionario.

¿Procede el recurso de protección contra la destitución de un funcionario municipal dictada tras un proceso disciplinario?

En este caso, la Corte Suprema rechazó el recurso de protección y revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que lo había acogido, porque el procedimiento se tramitó conforme a la ley.

¿Puede el juez de protección revisar la proporcionalidad de una sanción disciplinaria aplicada a un funcionario municipal?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que por esta vía el control judicial se limita a la legalidad y razonabilidad de la actuación administrativa, sin revisar el mérito o la proporcionalidad de la sanción.

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