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La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto por un…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto por un médico cirujano, quien llevaba más de 20 años de servicios ininterrumpidos en el Hospital Clínico San Borja Arriarán. El recurrente cuestionaba la resolución que renovó su contrata solo hasta marzo de 2025, en lugar de la renovación anual habitual, alegando vulneración del principio de confianza legítima y de los derechos de igualdad ante la ley y propiedad sobre remuneraciones. La Corte determinó que la renovación por un período acotado no constituye por sí misma una vulneración de derechos fundamentales, y que el principio de confianza legítima no impide a la administración adoptar decisiones sobre la duración de contratos cuando existen motivos administrativos válidos, como la falta de aceptación de un cambio de cargo y la negativa a suscribir un convenio de gestión. Además, señaló que el nombramiento a contrata no confiere derecho de propiedad sobre el cargo, por lo que no se configuró la vulneración alegada. El recurso fue rechazado sin costas.

Normas citadas

  • Constitución Política de la República, artículo 19 N°2 (igualdad ante la ley)
  • Constitución Política de la República, artículo 19 N°24 (propiedad)
  • Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección
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Preguntas frecuentes

¿Puede la administración renovar un contrato a contrata por un período más corto que el habitual sin vulnerar derechos fundamentales?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que renovar la contrata por un período acotado no constituye por sí misma una vulneración de derechos fundamentales. Tampoco se configuró la vulneración del derecho de propiedad, pues el nombramiento a contrata no confiere derecho de propiedad sobre el cargo.

¿El principio de confianza legítima impide a la administración decidir sobre la duración de un contrato a contrata?

En este caso, el tribunal resolvió que el principio de confianza legítima no impide a la administración adoptar decisiones sobre la duración de los contratos cuando existen motivos administrativos válidos. Mencionó como tales la falta de aceptación de un cambio de cargo y la negativa a suscribir un convenio de gestión.

¿Procede un recurso de protección contra la renovación acotada de una contrata de un funcionario con muchos años de servicio?

En este caso, la Corte Suprema conoció el recurso de protección de un médico con más de 20 años de servicios en un hospital público y lo rechazó, sin costas. Se estimó que la decisión de renovar la contrata solo hasta marzo de 2025 no vulneró las garantías de igualdad ante la ley ni de propiedad alegadas.

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