El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Subsecretaría de…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Subsecretaría de Salud Pública, que había negado el acceso a informes científicos sobre la propagación del COVID-19 en Chile. El órgano reclamado no alegó la inexistencia de la información ni la concurrencia de causales de secreto, por lo que el Consejo consideró que se trataba de información pública y ordenó su entrega, indicando la fecha de recepción de cada documento. Se dispuso que los datos personales y sensibles contenidos en esos informes sean tarjados, conforme al principio de divisibilidad y a la Ley de Protección de la Vida Privada. Si el órgano no tuviera los antecedentes, deberá explicarlo y acreditarlo en la etapa de cumplimiento. Se le concedió un plazo de 5 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada para cumplir y acreditar la entrega.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Procede el acceso a informes científicos de un organismo público si este no alega inexistencia ni causales de secreto?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo porque la Subsecretaría de Salud Pública no alegó inexistencia de la información ni causales de secreto, y ordenó su entrega. Los datos personales y sensibles debían tarjarse conforme al principio de divisibilidad.
¿Qué ocurre si un organismo público no tiene los documentos que se le piden vía Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo dispuso que, si la Subsecretaría no tuviera los antecedentes, debía explicarlo y acreditarlo durante la etapa de cumplimiento. La resolución no entra a resolver una inexistencia alegada, pues no fue invocada.
¿Cómo deben tratarse los datos personales y sensibles al entregar informes públicos por Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo ordenó tarjar los datos personales y sensibles de los informes sobre COVID-19, conforme al principio de divisibilidad y a la Ley de Protección de la Vida Privada. Luego, el organismo tuvo 5 días hábiles desde que la decisión quedara ejecutoriada para cumplir.
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