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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo en contra de Gendarmería de Chile, re…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2019

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo en contra de Gendarmería de Chile, relativo a una solicitud de liquidaciones de sueldo de un funcionario público desde 2016 hasta la fecha de la solicitud. El Consejo ordenó la entrega de las liquidaciones, previa eliminación de la información sobre la AFP y el sistema de salud del funcionario, de los descuentos de carácter personal, y de los datos personales de contexto como RUT, domicilio, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico. La decisión se fundó en el principio de máxima divulgación y de divisibilidad de la Ley de Transparencia, considerando que se trata de información pública referida a un funcionario público en poder del órgano reclamado. Se dispuso un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada para cumplir, y contra ella procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOrden y Seguridad Interior

Preguntas frecuentes

¿Las liquidaciones de sueldo de un funcionario público son información pública que se puede pedir por Ley de Transparencia?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra Gendarmería y ordenó entregar las liquidaciones de sueldo de un funcionario público, por tratarse de información pública en poder del órgano reclamado, aplicando el principio de máxima divulgación.

¿Se pueden entregar las liquidaciones de sueldo de un funcionario sin mostrar sus datos personales?

Sí. El Consejo ordenó entregar las liquidaciones previa eliminación de la información sobre AFP, sistema de salud, descuentos de carácter personal y datos de contexto como domicilio, teléfono, correo y estado civil, en virtud del principio de divisibilidad.

¿Contra qué resolución del Consejo para la Transparencia procede reclamo de ilegalidad?

En este caso, contra la decisión que acogió el amparo procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, y el órgano debe cumplir en cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada.

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