La Contraloría General de la República se abstiene de emitir pronunciamiento sobre una…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República se abstiene de emitir pronunciamiento sobre una resolución de calificación ambiental, debido a que dicho acto administrativo ha sido impugnado judicialmente. Un concejal solicitó un pronunciamiento respecto de los residuos peligrosos que pueden admitirse en un centro de tratamiento, en particular si procede tratar residuos arsenicales. Sin embargo, la Municipalidad de Chillán Viejo interpuso una demanda de nulidad de derecho público contra el Servicio de Evaluación Ambiental y el Fisco de Chile, actualmente pendiente ante el 25° Juzgado en lo Civil de Santiago, cuestionando la legalidad de la resolución. Por lo tanto, en virtud del artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, que prohíbe a la Contraloría intervenir en asuntos sometidos a los tribunales, se abstiene de informar y remite al interesado copia de lo informado por los organismos de la administración.
Normas citadas
ley 10336 art/6 inc/3
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede la Contraloría pronunciarse sobre una resolución de calificación ambiental que está siendo impugnada judicialmente?
No. En este caso, la Contraloría se abstuvo de pronunciarse porque la resolución de calificación ambiental fue impugnada mediante una demanda de nulidad de derecho público pendiente ante un juzgado civil, y el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336 le prohíbe intervenir en asuntos sometidos a los tribunales.
¿Qué ocurre cuando la Contraloría recibe una consulta sobre un asunto que ya está en tribunales?
En este caso, la Contraloría no emitió informe y remitió al interesado copia de lo informado por los organismos de la administración, por tratarse de un asunto sometido a los tribunales de justicia.
¿Un concejal puede obtener un pronunciamiento de la Contraloría sobre qué residuos peligrosos pueden admitirse en un centro de tratamiento?
En este caso, no. El concejal consultó si procede tratar residuos arsenicales en un centro de tratamiento, pero la Contraloría se abstuvo de pronunciarse porque el acto que autoriza el proyecto está impugnado judicialmente ante un tribunal civil.
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