Resumen
La Contraloría General de la República representó la resolución, dictada por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota junto con la Subsecretaría de Salud Pública, que aprobaba la ejecución del programa de inversión "Control Vectores Interés Sanitario Sectores Vulnerables Arica". El organismo concluyó que el acto no se ajusta a derecho. Lo estimó así porque el convenio, que contemplaba la contratación de una empresa para control de vectores, aplicación de rodenticidas e insecticidas, capacitaciones y contratación de profesionales, encargaba a la subsecretaría la supervisión técnica y administrativa completa del programa, incluidas la licitación, adjudicación, inspección y recepción. La Contraloría señaló que la Ley 19.175 no faculta a los gobiernos regionales para encomendar a otro órgano de la Administración del Estado funciones vinculadas al ejercicio de sus potestades públicas, y que ello requiere una norma legal expresa. Además, el convenio se refería a un programa de inversión y no a una obra pública, por lo que no resultaba jurídicamente procedente.