El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las no…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2023
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado contra el Servicio de Salud Araucanía Sur. La reclamante no alegó falta de publicación de información obligatoria ni de acceso al listado que los órganos de la Administración deben mantener en sus sitios electrónicos conforme al artículo 7º de la Ley de Transparencia y al artículo 51 de su Reglamento. Su presentación buscaba manifestar molestia por supuestas irregularidades en un concurso público, por lo que el reclamo carecía de un elemento habilitante. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente en quince días corridos desde la notificación, no así recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadSalud
Preguntas frecuentes
¿Procede reclamar ante el Consejo para la Transparencia por irregularidades en un concurso público si no se alega falta de transparencia activa?
En este caso, el Consejo declaró inadmisible un reclamo por infracción a la transparencia activa porque la reclamante no alegó falta de publicación de la información obligatoria ni de acceso al listado del artículo 7º de la Ley de Transparencia. Su presentación solo expresaba molestia por supuestas irregularidades en un concurso, por lo que carecía de un elemento habilitante.
¿Qué plazo y vía de impugnación existen contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo?
En este caso, el Consejo indicó que contra su decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de quince días corridos desde la notificación. No procede en cambio recurso de reposición.
¿Qué normas regulan la transparencia activa de los servicios de salud en Chile según este fallo?
En este caso, el Consejo se basó en el artículo 7º de la Ley de Transparencia y en el artículo 51 de su Reglamento, que obligan a los órganos de la Administración a mantener publicada y actualizada en sus sitios electrónicos la información y el listado correspondiente.
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