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La Contraloría General de la República se pronunció sobre una licitación pública de la…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre una licitación pública de la JUNJI, en la que se asignó un puntaje de 7,5 a la oferta de una empresa pese a que el anexo presentado para acreditar un criterio de evaluación estaba incompleto y la aclaración posterior no subsanó la deficiencia. El organismo concluyó que ello vulnera el principio de estricta sujeción a las bases, pues estas exigían información específica para ese fin. En consecuencia, ordenó a la entidad iniciar un procedimiento de invalidación del acto, conforme al artículo 53 de la ley N° 19.880, dentro de un plazo de treinta días, debiendo informar documentadamente la decisión adoptada, sin perjuicio de los límites derivados de la seguridad jurídica.

Normas citadas

  • Ley 19886 art/10 inc/3
  • dto 250/2004 hacie art/40 inc/1 ley 19880 art/53
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Qué ocurre si una oferta en una licitación pública no completa el anexo que acredita un criterio de evaluación y aun así recibe puntaje?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que asignar puntaje a una oferta con un anexo incompleto, sin que la aclaración posterior subsanara la deficiencia, vulnera el principio de estricta sujeción a las bases. Por eso ordenó a la entidad iniciar un procedimiento de invalidación del acto.

¿Cuál es el plazo y el procedimiento para invalidar un acto administrativo viciado en una licitación según la Ley 19.880?

En este caso, la Contraloría ordenó a la JUNJI iniciar la invalidación conforme al artículo 53 de la Ley 19.880 dentro de un plazo de treinta días, debiendo informar documentadamente la decisión. Advirtió que el procedimiento debe respetar los límites derivados de la seguridad jurídica.

¿Puede una aclaración posterior de la oferta corregir la falta de información exigida en las bases de una licitación?

No en este caso: la Contraloría sostuvo que la aclaración posterior no subsanó la deficiencia de un anexo incompleto, porque las bases exigían información específica para acreditar el criterio de evaluación. Así, la omisión no pudo corregirse mediante la aclaración.

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