El Juzgado de Policía Local de Macul conoció una denuncia por infracción a la Ley del C…
Sentencia · JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE MACUL · 2024
Resumen
El Juzgado de Policía Local de Macul conoció una denuncia por infracción a la Ley del Consumidor y una demanda de indemnización por perjuicios derivada de una estafa mediante mensaje de texto vinculada a productos bancarios. En lo infraccional, el tribunal rechazó la denuncia al no acreditarse que la empresa denunciada hubiera incumplido los estándares mínimos de seguridad exigibles, pues el denunciante fue víctima de phishing al ingresar datos en un sitio web fraudulento, sin probarse una falla en los sistemas de seguridad de la empresa. Respecto de las acciones civiles, acogió la excepción de incompetencia planteada por la demandada y no dio lugar a la demanda de indemnización por daño emergente y moral, por resultar incompatible con lo resuelto en la parte infraccional. Cada parte pagó sus costas por haber existido motivo plausible para litigar, y se ofició al Servicio Nacional del Consumidor.
Normas citadas
Ley 19.496, Art. 50 A
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios
Preguntas frecuentes
¿Puede una empresa ser sancionada por la Ley del Consumidor si el cliente fue víctima de phishing?
En este caso, el Juzgado de Policía Local de Macul rechazó la denuncia porque no se acreditó que la empresa incumpliera los estándares mínimos de seguridad exigibles: el denunciante fue víctima de phishing al ingresar datos en un sitio fraudulento, sin probarse una falla en los sistemas de la empresa.
¿Qué ocurre con la demanda de indemnización si se rechaza la denuncia infraccional por infracción a la Ley del Consumidor?
En este caso, el tribunal acogió la excepción de incompetencia y no dio lugar a la demanda de indemnización por daño emergente y moral por resultar incompatible con lo resuelto en la parte infraccional.
¿Quién paga las costas cuando se rechaza una denuncia por infracción a la Ley del Consumidor?
En este caso, cada parte pagó sus costas por haber existido motivo plausible para litigar, y se ofició al Servicio Nacional del Consumidor.
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