El Tercer Juzgado de Policía Local de Santiago conoció una denuncia del SERNAC contra u…
Sentencia · 3ER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE SANTIAGO · 2016
Resumen
El Tercer Juzgado de Policía Local de Santiago conoció una denuncia del SERNAC contra un banco por transferencias realizadas con tarjeta de crédito que la titular desconoció, alegando falta de seguridad en el servicio. El tribunal acogió la denuncia y condenó al proveedor a pagar una multa de 30 Unidades Tributarias Mensuales por infringir los artículos 12 y 23 de la Ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores. Se dispuso que cada parte pague sus costas y que, si la multa no se pagare dentro del plazo legal, se despache orden de reclusión contra el representante legal del condenado. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia en agosto de 2016.
Normas citadas
Ley 19.496, Art. 12
Ley 19.496, Art. 23 Inc. 1
Sentencia DefinitivaInterés generalDenuncia infraccionalSERNAC se hizo parte
Preguntas frecuentes
¿Un banco responde por transferencias con tarjeta de crédito que el titular desconoce si alega falta de seguridad en el servicio?
En este caso, el Tercer Juzgado de Policía Local de Santiago acogió la denuncia del SERNAC contra el banco por transferencias con tarjeta de crédito que la titular desconoció, alegando falta de seguridad, y lo condenó por infringir los artículos 12 y 23 de la Ley N° 19.496. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia.
¿Qué sanción puede aplicar un juzgado de policía local a un proveedor que infringe la Ley del Consumidor por falta de seguridad en el servicio?
En este caso, el tribunal condenó al proveedor a pagar una multa de 30 Unidades Tributarias Mensuales y dispuso que cada parte pague sus costas. Además, indicó que si la multa no se paga en el plazo legal, se despacha orden de reclusión contra el representante legal del condenado.
¿Qué debe hacer el proveedor si no paga la multa impuesta por un juzgado de policía local en materia de consumo?
En este caso, la sentencia dispuso que, si la multa no se pagare dentro del plazo legal, se despache orden de reclusión contra el representante legal del condenado. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó esta sentencia en agosto de 2016.
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