La Contraloría General de la República se pronunció sobre una denuncia de acoso laboral…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una denuncia de acoso laboral y un descuento por retención judicial. Respecto al acoso laboral, señaló que corresponde a la autoridad dotada de potestad sancionatoria ponderar si procede ordenar una investigación para determinar la existencia de tales actos, conforme al Estatuto Administrativo y su jurisprudencia. La autoridad competente informó que ya se abrió una indagatoria previa, al término de la cual evaluará si corresponde un procedimiento disciplinario. En cuanto al reajuste de la retención judicial, la Contraloría se abstuvo de emitir pronunciamiento, por carecer de atribuciones al tratarse del cumplimiento de una orden judicial de naturaleza litigiosa, cuya interpretación compete al Juzgado de Familia.
Normas citadas
ley 18834 art/84 lt/m
CTR art/2 inc/2
ley 18834 art/126
ley 18834 art/128
ley 18834 art/129
ley 10336 art/6 inc/3
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede la Contraloría ordenar investigar un caso de acoso laboral en un servicio público?
En este caso, la Contraloría señaló que corresponde a la autoridad con potestad sancionatoria ponderar si procede ordenar una investigación sobre los presuntos actos de acoso laboral, conforme al Estatuto Administrativo y su jurisprudencia. La autoridad competente informó que ya abrió una indagatoria previa.
¿Qué ocurre si una denuncia de acoso laboral en la administración del Estado no ha terminado en un procedimiento disciplinario?
En este caso, la autoridad competente informó que, al término de la indagatoria previa, evaluará si corresponde iniciar un procedimiento disciplinario. La Contraloría no se pronunció sobre el fondo de los hechos denunciados.
¿Puede la Contraloría pronunciarse sobre el reajuste de una retención judicial de remuneraciones?
En este caso, la Contraloría se abstuvo de pronunciarse por carecer de atribuciones, ya que se trata del cumplimiento de una orden judicial de naturaleza litigiosa. Su interpretación compete al Juzgado de Familia que dictó la orden.
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