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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2014

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad dirigido contra una disposición del Código Procesal Penal que limita la apelación del auto de apertura del juicio oral al Ministerio Público, sosteniendo el requirente que ello afectaba el debido proceso y la igualdad ante la ley. El tribunal rechazó el requerimiento, razonando que la Constitución no garantiza el derecho a la apelación ni la doble instancia, y que el legislador cuenta con discrecionalidad para establecer procedimientos en única o doble instancia según la naturaleza del conflicto. Agregó que el acusado conserva otros medios de resguardo, como el recurso de nulidad contra la sentencia definitiva, y que el hecho de que una Corte de Apelaciones haya acogido antes un recurso del Ministerio Público no constituye un estándar constitucional, pues solo produce efectos en el caso concreto. Por ello, concluyó que no se vulneraba el debido proceso.

Tribunal ConstitucionalINA

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional que el Código Procesal Penal limite la apelación del auto de apertura del juicio oral solo al Ministerio Público?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad, pues la Constitución no garantiza el derecho a la apelación ni la doble instancia y el legislador puede establecer procedimientos en única o doble instancia según la naturaleza del conflicto.

¿Vulnera el debido proceso que el acusado no pueda apelar el auto de apertura del juicio oral?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que no se vulnera el debido proceso, porque el acusado conserva otros medios de resguardo, como el recurso de nulidad contra la sentencia definitiva.

¿El hecho de que una Corte de Apelaciones haya acogido antes un recurso del Ministerio Público obliga a permitir la apelación del acusado?

En este caso, el Tribunal Constitucional señaló que ello no constituye un estándar constitucional, pues solo produce efectos en el caso concreto.

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