El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las no…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2019
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado contra el Ministerio de Educación. La parte reclamante sostenía que no había tenido acceso a becas ni a crédito, pero el Consejo concluyó que su presentación no denunciaba una vulneración a los artículos 7° de la Ley de Transparencia ni 51 de su Reglamento, ya que no se refería a la falta de publicación, completitud o acceso al listado de información que los organismos públicos deben mantener en sus sitios electrónicos. Por ello, y al no configurarse una transgresión a esas normas, el Consejo acordó por unanimidad declarar inadmisible el reclamo, ordenar las notificaciones correspondientes y dejar a salvo la posibilidad de interponer un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio de la parte reclamante.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 18.575
Ley N° 19.880
D.S. N° 13
D.F.L. N° 1
Artículo 59 de la Ley N° 19.880
reclamoDecisión de inadmisibilidad
Preguntas frecuentes
¿Cuándo se declara inadmisible un reclamo por transparencia activa ante el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo declaró inadmisible el reclamo porque la presentación no denunciaba una vulneración a las normas sobre publicación, completitud o acceso al listado de información que los organismos deben mantener en sus sitios electrónicos.
¿Qué debe contener un reclamo de transparencia activa para que el Consejo para la Transparencia lo admita a tramitación?
Según este caso, el reclamo debe denunciar una infracción a los artículos 7° de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento, es decir, referirse a la falta de publicación, completitud o acceso al listado de información en los sitios electrónicos.
¿Qué puede hacer una persona si el Consejo para la Transparencia declara inadmisible su reclamo por transparencia activa?
En este caso, el Consejo dejó a salvo la posibilidad de interponer un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio de la parte reclamante.
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