El Tribunal Constitucional recibió un oficio de la Cámara de Diputados que remite un pr…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional recibió un oficio de la Cámara de Diputados que remite un proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación para prohibir y regular el uso de dispositivos móviles en establecimientos educacionales, con el fin de que ejerza control preventivo de constitucionalidad. El proyecto fue aprobado en general por la Cámara de Diputados con 134 votos a favor y por el Senado con 48 votos favorables. En particular, los números 1, 2, 4 y 5 del artículo único fueron aprobados con las mayorías requeridas. La Cámara de Diputados, en tercer trámite, aprobó enmiendas a dichos números. Se informa que no se suscitó cuestión de constitucionalidad durante la tramitación.
Normas citadas
Ley N° 20.370
Ley N° 21.430
Oficio N° 20.927
Oficio N° 012
control de constitucionalidadproyecto de leydispositivos móvilesestablecimientos educacionalesLey General de EducaciónLey N° 20.370tramitación legislativaartículo 93 Constitución Política
Preguntas frecuentes
¿Puede el Tribunal Constitucional revisar un proyecto de ley que prohíbe el uso de celulares en colegios antes de su promulgación?
En este caso, el Tribunal Constitucional recibió de la Cámara de Diputados un proyecto que modifica la Ley General de Educación para prohibir y regular los dispositivos móviles en establecimientos educacionales, para que ejerza el control preventivo de constitucionalidad. El resumen no indica el resultado de ese control.
¿Qué trámites legislativos siguió el proyecto que regula los celulares en establecimientos educacionales?
El proyecto fue aprobado en general por la Cámara de Diputados con 134 votos a favor y por el Senado con 48 votos favorables. Luego, en tercer trámite, la Cámara de Diputados aprobó enmiendas a los números 1, 2, 4 y 5 de su artículo único.
¿Se planteó alguna cuestión de constitucionalidad durante la tramitación del proyecto sobre dispositivos móviles en colegios?
No. Según el resumen, durante la tramitación del proyecto que modifica la Ley General de Educación no se suscitó cuestión de constitucionalidad.
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